A/A Sr. Presidente Mariano Rajoy
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
Desde el Sindicato de Trabajadores de Autoescuelas (ATAAC), entendemos la buena intención de arropar a las autoescuelas ante las “posibles pérdidas” sufridas, según sus representantes, a causa de la huelga de los examinadores de tráfico.
Puede parecer una medida acertada y coherente la propuesta por el grupo político “CIUDADANOS”, en la que:
“ Se insta al Gobierno a conceder una línea de créditos o avales al sector de las autoescuelas, “NO SUBVENCIÓN”, que tenga en cuenta, de manera proporcional, las horas de trabajo de los empleados declaradas en la Seguridad Social durante el periodo de la huelga de examinadores de tráfico, ocurrida desde el pasado mes de Junio, con el fin de mitigar los efectos que ha tenido la inestabilidad en el sector”
Sin embargo desde ATAAC, consideramos que los requisitos para la obtención de dichos créditos son totalmente insuficientes y NOS OPONEMOS ROTUNDAMENTE a que se dedique dinero público en beneficio de empresas privadas, sin previa “INSPECCIÓN INTEGRAL” de
mínimo 18 meses a los beneficiarios de dichos créditos.
Las supuestas pérdidas, en su mayoría, están basadas en fraudes, irregularidades a distintos organismos desde varios años antes que empezara la huelga de examinadores, siendo los más perjudicados los trabajadores, que son contratados de forma irregular, de manera ficticia, obligando a realizar jornadas de 12 horas con cotizaciones mínimas en la Seguridad
Social, o como autónomos (dependientes) y cobrando únicamente por las horas facturadas bajo el concepto de “tickets”, realizando las jornadas como FALSOS AUTÓNOMOS, y en consecuencia tampoco cobrar el mes de agosto aunque exista una nómina. Es más, en septiembre debes a la empresa el irpf y la seguridad social del mes de vacaciones, que auto pagas de tu nómina del dinero que has facturado trabajando, pero ese mes la empresa no
factura por estar cerrada.
Durante varios años prolifera la contratación de formadores de forma fraudulenta, estando en auge la contratación a personal que ya disponen de otra actividad principal como sustento familiar (funcionarios, militares, conductores de líneas regulares de autobuses, jubilados, etc ) en la que ambas partes no tienen ningún tipo de interés en cumplir sus responsabilidades con la Seguridad Social y las consecuentes declaraciones en Hacienda, siendo la motivación prioritaria hacer horas a destajo y cobrar en sobres, provocando competencia desleal tanto a los trabajadores que sí viven de esta actividad como a las propias empresas que quieren trabajar digna y legalmente.
Esta forma de trabajo, de la que es perfectamente conocedora la patronal CNAE, va en detrimento de la formación vial, y la estabilidad laboral del sector.
Esta situación ya se notificó a varios organismos antes de que empezara la huelga de examinadores, incluso alguna pequeña empresa y algunos autónomos en diferentes provincias lo pusieron en conocimiento de Inspección de Trabajo.
Ya está en conocimiento del Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfico, Ministerio de Hacienda, Función Pública, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al igual que a la propia Comisión de Seguridad Vial.
— Como sucedió el 4 de Mayo del 2017, a/a Sr. Gregorio Serrano , en referencia a la nota informativa enviada el 27 de Abril de 2017 por la Jefatura de Tráfico.
- En la que proponía el cupo solo para algunas provincias por falta de capacidad de absorber los exámenes por la administración.
- Cupo por profesor indistintamente de la jornada laboral contratada y cotizada por el profesor ( incluso sin contrato), favoreciendo a quien defrauda y perjudicando a quien quería cumplir con la legalidad laboral.
- Vulnerar los principios de equidad, al producir y fomentar mayor número de exámenes en zonas donde la dificultad o los mínimos exigidos para realizar las pruebas eran muy dispares.
— Como en la reunión en DGT del 19 de Mayo del 2016
. Dña. María Segui. (Directora General de Tráfico)
. Dña. Ana Gil (Directora de Centros Colaboradores)
Temas tratados:
- encontrar soluciones a los gravísimos problemas que se están produciendo a causa de los retrasos en los exámenes y de las trampas que determinadas autoescuelas están cometiendo para tener más derechos que el resto a la hora de poder examinar, aunque esas trampas no solo tienen ese, sino que van más allá, puesto que obtienen beneficios económicos ilegales, cometiendo fraude contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
- También deseamos encontrar una solución al problema que se está generando en el concurso de adjudicación de puntos, cuyas trampas engaños y manipulaciones, están siendo un continuo cúmulo de impugnaciones que os han llevado hasta a demandas en Bruselas, las trampas y engaños cometidas por CNAE, debería ser causa de inmediata expulsión del concurso a no ser que alguien en DGT tenga otros intereses.
- Otro asunto a tener en cuenta es que no podemos planificar las vacaciones de Agosto de nuestros profesores, puesto que no se sabe nos caerá o no examen y la fecha” “muchos centros tienen dado de alta a sus profesores una hora, a pesar de que trabajan jornadas completas, con ello consiguen importantes ahorros en los pagos a la Seguridad Social y en caso de despido del empleado, sus indemnizaciones son menores, esto además de ser un fraude a la Seguridad Social, supone un perjuicio, cara a los ratios de examen para los que estamos cumpliendo con la normativa, puesto que se les asigna el mismo número de alumnos por profesor que a aquellos que pagamos la seguridad social por jornada completa.”
Fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.
“Lo expuesto en el anterior punto es un claro fraude a la Seguridad Social, al que se añade otro a Hacienda al no cotizar los IRPF adecuados, a esto añadimos las ofertas Low Cost, desde el punto de vista financiero los precios marcados son imposibles de aplicar sin que se produzcan fraudes a la Hacienda Pública, al apropiarse del IVA, estos centros no admiten
pagos por banco, siendo todos los ingresos en metálico.”
Pero lo que además se produce es que se engaña a los alumnos, puesto que consiguen importantes ingresos llevando a los alumnos a examen para que suspendan.
Hemos puesto en conocimiento de DGT todos estos fraudes, somos conscientes de que unos son de su competencia y otros no, pero también somos conscientes de que como Organismo Estatal, ha trasladar y poner en conocimiento de las correspondientes administraciones todas las irregularidades de las que tenga conocimiento para que se proceda a investigar y sancionar.
(La Directora General de Tráfico acuerda poner en manos de la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior quien es la entidad responsable del expediente administrativo Sr. Francisco Martinez)
— Reunión en 2013 con Dña. María Seguí, con la ya problemática de exámenes y el fraude de las autoescuelas y sus representantes, informado a Maria Segui y Marta Carrera.
La propia comisión de Seguridad Vial debe ser conocedora de estas irregularidades, y el consecuente beneficio recibido de las autoescuelas del fraude de estos numerosos años supera con creces las posibles pérdidas sufridas por la huelga de examinadores, y cuando nos referimos a AÑOS, hacemos referencia a muchos años pues ya en el año 1985, (16 de mayo
de 1985) los sindicatos mayoritarios de ese entonces mencionan públicamente en los medios de comunicación:
“Los sindicatos CCOO., SUTA y UGT, con representación en el sector de autoescuelas, exponen en un comunicado las dificultades que tuvieron para negociar un convenio ante una “patronal intransigente, que obliga a los trabajadores con un salario por bajo del mínimo interprofesional a una dedicación de doce a catorce horas diarias” y en referencia al nuevo reglamento y las empresas básicamente familiares “tras el escudo
de defender los intereses profesionales de los trabajadores, se esconden intereses puramente patronales”
Por estas y otras tantas razones de la misma índole proponemos que las medidas tardías de ayuda esta vez sí vayan encaminadas a quien realmente lo pueda necesitar y no a quien se aproveche de jugar sucio, por eso consideramos imprescindible la inspección previa a las solicitudes, que debe ser la primera piedra para dar solución a este tan largo y evidente problema.
Poner un parche tras otro, solo sirve para seguir ocultando la realidad de un sector y dar cobertura a un sistema empresarial obsoleto. Creer que unas ayudas económicas solucionarán las consecuencias de la huelga es, sencillamente, una inconsciencia.
Una actuación imprudente que favorece, sin ningún tipo de duda, a los mismos que han provocado una sobresaturación de exámenes con alumnos poco preparados, porque por encima de la calidad se ha valorado la cantidad y la competencia desleal con artimañas poco éticas para conseguir más clientes.
Al final quién sale más perjudicado siempre es el sistema formativo y la seguridad vial.
Las soluciones reales pasan por exámenes más eficaces y un mayor control de las empresas privadas, entre otras medidas, como ya hemos expuesto en los documentos enviados a los diferentes partidos, DGT y demás interesados en la formación y seguridad vial.
Las declaraciones de Los diputados socialistas por Málaga Miguel Ángel Heredia y Begoña Tundidor que se han reunido este pasado viernes con responsables de autoescuelas, demuestran una desfachatez y una ignorancia supina sobre los problemas reales del sector.
Antes de hacer peticiones que favorecen a empresarios fraudulentos, y proclamarse portavoces de sus declaraciones reclamando ayudas y compensaciones a supuestas pérdidas millonarias, bajo el concepto <<de algo justo y razonable>>, deberían recordar que son el Partido Socialista OBRERO Español, deberían plantearse si es JUSTO Y RAZONABLE, que los
trabajadores asalariados del sector después de 30 años sigan sufriendo por las empresas que ustedes defienden el incumplimiento total del Convenio Nacional de Autoescuelas y el Estatuto de los Trabajadores.
Si se acaba aprobando esta medida de crédito aportando dinero público, siendo el Gobierno claramente conocedor de las irregularidades que rodean esta situación en los que los más perjudicados son los propios contribuyentes al no disponer de una formación y exámenes adecuados, conjuntamente con los propios trabajadores víctimas de la dejadez y abandono del sector, no tendremos otra alternativa que elevar nuestras quejas y exponer la situación que padecemos junto con toda la documentación pertinente a la Comisión Europea, y a la defensora del pueblo Emily O ́Reilly, por invertir y subvencionar con dinero público empresas privadas con claro y conocido fraude con el consecuente perjuicio ocasionado a la Seguridad Social, Fondo de Pensiones, y resto de organismos vulnerando derechos del estatuto de los trabajadores, vulnerando derechos ciudadanos y de la propia Constitución.
José Ma Marín Alcoverro